Manifiesto de la Agrupación de Colectivos Asturianos

Manifiesto de ACA

Este manifiesto, al que se acogen entidades, colectivos y particulares, tiene como objetivos, de una parte, impulsar desde la sociedad civil el combate contra la especulación urbanística y la corrupción administrativa ligada a los desarrollos edificatorios, y de otra, promover el uso racional de los recursos naturales y el mantenimiento del paisaje ligado a los usos tradicionales del suelo; el respeto a los derechos individuales de los propietarios y el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna; y el fomento de la participación ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas con incidencia en el territorio y el medio ambiente.

La naturaleza, extensión e intensidad de los casos y prácticas de corrupción y especulación son variables, pero todos ellos responden a causas comunes, que tienen que ver con: el proceso de creación de suelo edificable y la correspondiente generación y apropiación de plusvalías; procesos y procedimientos expropiatorios, tanto por razones urbanísticas como para la creación de infraestructuras ; delimitación de núcleos rurales y normas de edificación en los mismos; relaciones de conflicto entre los agentes urbanizadores públicos o semipúblicos y los propietarios de suelo rústico.

Este último caso en particular, en el que se implican empresas de capital mixto público/privado, como SOGEPSA, es el vehículo habitual no sólo de acciones especulativas dedicadas al expolio puro y simple, sino que además cumplen el triste papel de justificar ideológicamente tales atropellos, fundamentando su actuación en una supuesta defensa del “interés público”; este inexistente “interés público” se manifiesta en su verdadera naturaleza si consideramos que: a) el 49% del capital de SOGEPSA es privado; b) en las operaciones expropiatorias para construir viviendas no se defiende el interés general, sino el particular de los futuros compradores, que como se puede comprobar en todas partes, en cinco o seis años doblarán su inversión; c) la parte privada de SOGEPSA participa en las operaciones para obtener un beneficio (lo contrario es inconcebible) y la misma SOGEPSA ha tenido una revalorización fabulosa en los últimos años; y por último d) el supuesto “interés público” que defiende SOGEPSA sería más creíble si en las diversas operaciones la totalidad o la mayor parte de las edificaciones fuesen viviendas de promoción pública.

La intensificación del mecanismo expropiatorio, tanto para la gestión urbanística como para la creación de infraestructuras, está así mismo en la raíz de numerosos abusos, y es vía habitual de generación de plusvalías especulativas, plusvalías en cuya creación y reparto ha de intervenir, obligatoriamente, una administración pública, convirtiéndose de esta forma en ocasión propicia para la corrupción, abuso de posición dominante, información privilegiada, nepotismo y prevaricación.

De otro lado, en los últimos años se han producido cambios notables en el régimen de usos del suelo rural, cambios que se acelerarán e intensificarán en el futuro.

Por último, aunque la exposición de causas y efectos podría hacerse interminable, el modelo de desarrollo que parece seguirse en Asturias genera una afectación intensiva de suelo, y compromete gravemente el equilibrio medioambiental de buena parte del territorio; el binomio formado por “centrales de generación eléctrica/líneas de alta tensión”, que se justifican mutuamente como la pescadilla que se muerde la cola, no es más que un ejemplo.

Frente a este estado de cosas, los ciudadanos debemos unir recursos, voces y voluntades para articular mecanismos de denuncia, información y debate que pongan freno a esta situación; este manifiesto está respaldado por ciudadanos, asociaciones y colectivos de todo el espectro social y de todo el territorio asturiano, y no obedece a intereses políticos de partido, aunque la voluntad de sus miembros es influir democráticamente en las políticas que afectan a los ciudadanos, colectiva o individualmente.

VIVIENDA Y URBANISMO

- Promover el derecho a una vivienda digna a través de políticas de alquiler que faciliten la entrada en el mercado de las más de 75.000 viviendas vacías existentes en Asturias.

- Utilización obligatoria de los suelos públicos para la construcción de viviendas protegidas y de promoción pública, y la creación de polígonos industriales, bajo régimen de cesión o alquiler en todos los casos.

- Exigencia de viviendas de protección en todos los desarrollos urbanos, sin posibilidad de compensación o sustitución entre actuaciones.

- Fomento de la tipología constructiva tradicional asturiana en los núcleos rurales y ámbitos perimetrales de las grandes ciudades, frente a las tipologías de adosados, pareados y similares.

- Eliminación de la figura del convenio urbanístico.

- Disolución de SOGEPSA, así como de cualquier otra empresa de capital mixto público y privado con actividad urbanística.

-Eliminación de la expropiación forzosa como figura de ejecución urbanística.

-Promover el incremento de viviendas vinculándolo estrictamente al aumento de la población.

ENERGÍA Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

- Suspender la tramitación de todos los proyectos de líneas de alta tensión, así como de nuevas centrales de generación de energía eléctrica, hasta que el Parlamento Asturiano apruebe un Plan Energético, en cuya elaboración se dé audiencia a todo tipo de entidades y particulares, y en el cual se fundamente exhaustivamente la necesidad de todas y cada una de las líneas de alta tensión y centrales de producción eléctrica nuevas o en proyecto.

- Fundamentar en un plan con rango de ley, y con la más amplia participación ciudadana, los criterios para la localización de las grandes infraestructuras, tanto de transporte, como sanitarias, comerciales, industriales o turísticas.

INSTITUCIONES

- Creación de un instrumento de Ley que permita la adopción de medidas cautelares inmediatas ante los casos de indicio de corrupción urbanistica o administrativa, similar a la Ley de Género.

- Creación de un código ético y de incompatibilidades que evite la corrupción urbanística y la financiación de los partidos políticos por esta vía.

- Exigencia de una declaración pública anual de bienes e intereses de todos los funcionarios públicos relacionados con asuntos urbanísticos.

- Creación de un nuevo Jurado de Expropiación, totalmente desvinculado de la administración y de las empresas o entidades con intereses en el proceso urbanístico y edificatorio.

- Aprobación de una nueva Ley de Financiación municipal, que desvincule totalmente los ingresos de las corporaciones locales de la actividad urbanística.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Crear, dotar y poner en servicio una Oficina General de Información Urbanística, con ámbito de actuación en todo el territorio asturiano, que ponga a disposición pública toda la información sobre expedientes de planeamiento y ejecución urbanística, de ordenación del territorio y medioambientales, en formato tanto analógico como digital.

- Habilitar la directa representación de ACA en todos los órganos que intervienen en la planificación territorial y urbanística, singularmente la CUTOA y la CAMA.